Detenida en Figueres por estafar más de 2 millones de euros y más de 400 personas afectadas
La mujer carecía de seguro de responsabilidad civil y tampoco dispone de patrimonio, lo que dificulta que las víctimas recuperen su dinero
Los Mossos d’Esquadra han detenido este miércoles en Figueres a la responsable de la agencia de viajes M’Escapo Viatges, investigada por una presunta estafa agravada que, según las primeras estimaciones policiales, podría superar los 2 millones de euros y afectar a cerca de 400 clientes.
La investigación se inició después de que numerosos clientes denunciaran que habían pagado por viajes que finalmente no se realizaron o que no estaban completamente contratados pese a haber abonado previamente el dinero. La agencia operaba principalmente a través de internet y redes sociales y había comenzado su actividad en L’Escala a mediados de 2024.
La investigada, identificada en el procedimiento judicial por las iniciales R. A. M., se entregó este miércoles en una comisaría de los Mossos en Figueres después de acordar su comparecencia con los investigadores. Posteriormente fue puesta a disposición judicial.
Viajes a precios muy inferiores al mercado
Según la investigación policial, uno de los elementos que habría permitido atraer inicialmente a clientes eran ofertas de viajes a precios inferiores a los habituales del mercado.
Los primeros clientes sí pudieron disfrutar de los viajes contratados. Sin embargo, posteriormente comenzaron a acumularse los casos de personas que habían pagado sus vacaciones y que finalmente no pudieron realizarlas.
Algunos clientes denunciaron que sus viajes habían sido cancelados sin recibir posteriormente el dinero abonado. Otros descubrieron que los vuelos o alojamientos no estaban realmente reservados o pagados, pese a haber entregado previamente el importe correspondiente. En algunos casos, viajeros tuvieron que asumir nuevos gastos para poder continuar o regresar de sus vacaciones.
La investigación también señala que los cobros se realizaban por adelantado, mientras que cuando los viajes no llegaban a realizarse se habrían ofrecido explicaciones relacionadas con supuestas cancelaciones de operadores.
Los Mossos hablan de una «economía de bola de nieve»
El jefe del Área Central de Delitos Económicos de la División de Investigación Criminal de los Mossos, Jordi Casanovas, ha explicado que la principal hipótesis policial apunta a un funcionamiento basado en lo que ha definido como una “economía de bola de nieve”.
Según esta explicación, los nuevos ingresos obtenidos de los clientes se utilizaban para cubrir deudas y otros pagos, haciendo necesario captar posteriormente nuevos clientes y nuevos ingresos para mantener el sistema.
Las actuaciones judiciales también recogen indicios de que los cobros correspondientes a determinados viajes no se habrían destinado íntegramente a las reservas contratadas, sino que parte de los fondos habría sido utilizada para otras finalidades.
El alcance exacto de esta operativa y la participación concreta de la investigada deberán determinarse durante la instrucción judicial.
El juez decreta su libertad, pero embarga sus cuentas hasta 2 millones
Tras su puesta a disposición judicial, el Tribunal de Instancia de Figueres ha acordado la libertad provisional sin fianza de la investigada.
El Ministerio Fiscal había solicitado esta medida, junto con la prohibición de abandonar España, la retirada del pasaporte y el embargo preventivo de sus cuentas bancarias. La defensa se adhirió a estas peticiones.
El juez considera que existen indicios de una actividad presuntamente defraudatoria que afecta a un elevado número de clientes y a grandes cantidades de dinero. El auto señala que las denuncias y el análisis bancario relacionan los pagos realizados por los clientes con reservas que no se habrían efectuado y con la utilización de parte de los fondos para otras finalidades.
Además, el magistrado ha acordado el embargo preventivo de los saldos y depósitos bancarios pertenecientes a la investigada hasta un límite global de 2.000.000 de euros, con el objetivo de garantizar las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento.
El auto también recoge que el informe patrimonial refleja endeudamiento y una disponibilidad patrimonial limitada, además de movimientos de fondos entre diferentes cuentas y su utilización para gastos y obligaciones diversas.
Sin seguro y con dificultades para recuperar el dinero
Uno de los principales problemas para los afectados es precisamente la posibilidad de recuperar las cantidades abonadas.
Según la información difundida durante la investigación, la responsable de la agencia no disponía de seguro de responsabilidad y el estudio patrimonial realizado por los investigadores resultó negativo en cuanto a la existencia de patrimonio suficiente para responder por las cantidades reclamadas. Las cifras de más de 2 millones de euros y cerca de 400 afectados son todavía provisionales.
El caso comenzó a hacerse público durante el verano. A principios de agosto se contabilizaban unas veinte denuncias, aunque los afectados ya advertían de que el número podía ser mucho mayor. Posteriormente, las denuncias se acercaron a las 400.
La mayoría de los afectados se encuentran en Catalunya, especialmente en las comarcas de Girona, aunque también hay clientes de otros puntos de España e incluso de otros países.
Una investigación que continúa abierta
La investigación permanece abierta y las cifras pueden aumentar a medida que se incorporen nuevas denuncias y documentación al procedimiento.
La mujer está siendo investigada por un presunto delito de estafa agravada, pero la responsabilidad penal definitiva deberá determinarse durante la instrucción y, en su caso, mediante una resolución judicial firme.
Por ahora, la principal medida económica adoptada por el juzgado es el embargo preventivo de hasta 2 millones de euros, mientras que la investigada deberá permanecer en España, tendrá el pasaporte retirado y deberá comparecer ante el órgano judicial cuando sea citada.
El procedimiento continúa abierto en el Tribunal de Instancia de Figueres, donde las investigaciones deberán determinar el número definitivo de perjudicados, el importe total presuntamente defraudado y el destino de los fondos abonados por los clientes.
